México: un país para potenciar la inclusión financiera

México es un país donde la inclusión financiera aún tiene mucho terreno por ganar. La utilización del pago en efectivo continúa siendo el medio más utilizado por gran parte de la población y los comercios. A pesar de tener las condiciones propicias para acelerar la penetración de pagos digitales, el 90% de la población cuenta con alguna identificación oficial, el 60% cuenta con un teléfono celular y el 95% tiene cobertura de por lo menos una red de 3G; todavía el país continúa rezagado cuando se lo compara con países de la región y el mundo. En GeoPagos trabajamos fuertemente en el mercado mexicano para modificar esta realidad y brindar soluciones que generen una mayor accesibilidad e inclusión. 


Se han implementado muchos esfuerzos para lograr esta evolución en los sistemas de pago en el mercado mexicano, desde una ley Fintech que permite la participación de otros jugadores con nuevas tecnologías y el modelo implementado para agregadores o facilitadores de pago que, desde su regulación en el país en el año 2014, en la actualidad existen 40 empresas que suman ya 1.4 millones de terminales que se agregan a las más de 1.02 millones de terminales dispuestas por los bancos. Algunos de estos esfuerzos han funcionado, duplicando la base instalada en tan solo 4 años.

De todas maneras, solo el 35-40% de las empresas en México recibe pagos con tarjetas.


El incremento en el acceso a infraestructura y medios de pago digitales va a permitir disminuir los costos e ineficiencias del uso de efectivo; al mismo tiempo que incrementará la penetración de los servicios financieros con menores costos de transacción, desarrollando un mejor registro de las actividades comerciales, incrementando el ahorro por mayor diversidad de productos y la reducción de operaciones financieras ilícitas.


Asimismo, se ha observado que la entrega de los subsidios de los programas sociales a través de medios digitales ha contribuido a la disminución de la pobreza, a la reducción de casos de corrupción, al aumento en la transparencia y a una mayor seguridad en la recepción de fondos.


Conforme a la encuesta Global Findex 2017 (Banco Mundial, 2017), solo 32% de la población mayor a 15 años en México realizó o recibió al menos un pago digital en dicho año, esto posiciona al país 33 puntos porcentuales debajo de lo observado en Chile y 20 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Aunque hubo una variación positiva de 3 puntos porcentuales respecto a 2014, ésta fue menor a los 12 puntos porcentuales que creció el indicador en los países en desarrollo y los 11 puntos porcentuales a nivel mundial.


A pesar de la explosión de las soluciones de medios digitales en el mundo, México continúa algunos pasos por detrás, más allá de que está fomentando todas las políticas necesarias para integrar a la población, los comercios y entidades financieras a los nuevos hábitos de consumo. 


Esta falta de avances también se refleja en que el uso de las cuentas como medio de disposición de efectivo, a través del retiro en cajeros automáticos (23,380 por cada 10 mil adultos), es muy similar al uso de cuentas como medio de pago en TPV (25,642 por cada 10 mil adultos). Aún más, el efectivo en circulación como porcentaje del PIB ha continuado creciendo en los últimos años, al pasar de 5.1% en el primer trimestre de 2014 a 6.8% en el último trimestre de 2018.


En lo que respecta al uso de tarjetas, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) indica que, en 2017, las personas adultas en México realizaron 32.1 transacciones por un monto promedio de 33.4 dólares por transacción, lo cual lo sitúa por debajo de países como Argentina e Italia. Sin embargo, en los últimos años, la población adulta ha incrementado el uso de tarjetas de débito para realizar pagos en establecimientos comerciales, tiendas o restaurantes. El porcentaje pasó de 49% en 2012 a 64% en 2018. 


Recientemente se dio a conocer el Informe de Política Nacional de Inclusión Financiera llevado a cabo por el Gobierno de México en conjunto con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera, además de diferentes entidades del sector. Con vistas a la proyección que busca realizar el país caribeño hacia el año 2030, el documento promueve medidas y acciones para enfrentar este desafío que será transformador para toda la sociedad. 


El informe define que “La inclusión financiera contribuye al crecimiento económico y al bienestar, ya que dota a la personas y empresas de herramientas para mejorar el manejo de su liquidez, prepararse y superar alguna emergencia económica, alcanzar metas financieras y aprovechar oportunidades, y tener mayor control sobre sus finanzas; es decir, a lograr una mejor salud financiera”.


El Banco Mundial y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) identificaron que existían 60 países que ya contaban o diseñaban una estrategia nacional de inclusión financiera. Por su parte, AFI señaló que en 2018, 11 países de América Latina y el Caribe tenían una estrategia nacional de inclusión financiera.


La exclusión financiera, a su vez, tiene varias causas por las que se produce: 


1- Baja tenencia y bajo uso de productos y servicios financieros.

2- Escaso uso de pagos digitales.

3- Insuficiente infraestructura para el acceso y provisión de productos y servicios financieros.

4- Bajas competencias económico-financieras.

5- Insuficientes herramientas de información y mecanismos de protección financiera. 

6- Escasa inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad.


Más allá de la inclusión financiera también es necesario prestar vital atención al concepto de salud financiera. La salud financiera puede definirse como aquel estado que permite que las personas sean capaces de manejar sus finanzas de manera adecuada, permitiéndoles hacer frente a sus gastos cotidianos, afrontar variaciones negativas en sus flujos de ingresos y aumentos desproporcionados o inesperados en sus gastos (tener resiliencia), lograr sus metas y aprovechar oportunidades para lograr su bienestar y movilidad económica.


La distinción entre salud e inclusión financiera es importante, ya que un país puede haber alcanzado un mayor grado de inclusión financiera, sin que su población sea más saludable financieramente.


Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018 indican que solo poco más de la mitad de la población adulta (58%) mexicana, personas entre 18 y 70 años, puede cubrir sus gastos con sus ingresos actuales, lo cual indica un bajo manejo de las finanzas diarias. El estudio Diarios Financieros (2016) revela que en México una de las estrategias más comunes para solventar los gastos hasta la siguiente fecha de cobro por parte de los hogares es solicitar crédito (fiado) en los comercios. Otras estrategias, de acuerdo con la ENIF, son la venta o empeño de bienes, el adelanto salarial o el uso de la tarjeta de crédito. En cuanto a la resiliencia, sólo el 43% de las personas adultas podrían afrontar una emergencia económica con sus ahorros.


Cuando se analiza la población adulta que tiene al menos un producto financiero, ya sea una cuenta, un crédito, algún seguro o ahorro del 2012 al 2018 se pasó del 56% al 68% de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.


Sin embargo, en lo que se refiere a la tenencia de cuentas, México se encuentra rezagado con respecto a países con un nivel de ingreso similar, como Colombia, Brasil y Chile. La diferencia con los países de América Latina y el Caribe es de 18 puntos porcentuales y con los países de ingreso medio alto es de 36 puntos porcentuales.


Banxico, que es el Banco Central de México, está impulsando el uso de plataformas digitales como Codi (Cobro Digital).



Desde su implementación, el número de operaciones es de poco más de 263 mil, con 1,995 operaciones promedio en días hábiles y 1,041 en fines de semana. Por su parte, el monto operado es de poco más de 180 millones de pesos. El monto promedio por operación es de 684 pesos.


Asimismo, la ENIF muestra que, a pesar de tener cuentas o tarjetas de crédito, el 91% de las personas adultas entre 18 y 70 años en el país, utilizan efectivo para compras de hasta 500 pesos y 78% para pagos superiores a los 500 pesos.


México es uno de los países, en América Latina, con menor infraestructura para el acceso al sistema financiero por personas adultas. En los resultados anuales de la Encuesta de Acceso Financiero (Fondo Monetario Internacional, 2019), México reportó 1.4 sucursales de la banca comercial por cada 10 mil personas adultas; mientras que Brasil y Colombia reportaron 1.9 y 1.5, respectivamente. En cuanto al número de cajeros automáticos, México reportó 5.9 por cada 10 mil personas adultas; y Brasil y Perú, 10.5 y 11.5, respectivamente. El número de corresponsales por cada 10 mil personas adultas para México fue de 5.0, en el caso de Brasil y Perú de 10.8 y 23.8, respectivamente.


En GeoPagos contamos con más de 30 clientes en la región, 900.000 usuarios, más de 5 millones de transacciones mensuales y un volumen procesado de más de US$ 200 millones. Nuestra empresa se encuentra operando en el país hace ya 4 años (desde 2017) a través de clientes como Banco Azteca, Fiserv (antes FirstData, aliada con Scotiabank), BanBajío, ToditoPay y el ahora GetNet (adquirida por Santander), procesando un total de más de 2MM transacciones y más de 60 mil usuarios finales.


Estamos colaborando junto a nuestros clientes para llevar a cabo esta transformación digital que un mercado tan grande y competitivo como México necesita. Integrando no solo el ecosistema financiero de las ciudades metropolitanas, sino también alcanzando a la población rural, que, por las características culturales y territoriales del país, queda muchas veces marginada y sin la posibilidad de tener acceso a las nuevas modalidades de consumo. 

Creemos que este gran desafío debe de ir de la mano de un programa más agresivo en educación que permita instruir a la población con menores recursos, y hacia las empresas, donde las PyMes son el músculo empresarial y empleador de México, incentivándolos para generar confianza respecto al pago y cobro a través de medios de pago digitales, desde una contratación de servicios financieros totalmente digitales, con una regulación adecuada, acompañado de un plan fiscal que incentive el uso de medios en todos los grupos económicos.


 

Fuente: Informe de Política Nacional de Inclusión Financiera llevado a cabo por el Gobierno de México en conjunto con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera.

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